Por Julio A. López, editor en jefe.

Houston, Abril / 2026 — Tres meses después de la caída del régimen de Nicolás Maduro, Venezuela no avanza: flota. Y en política —como en la energía— flotar es sinónimo de estancamiento.

El relato oficial habla de transición, de reformas, de apertura. La realidad, sin embargo, es otra: incertidumbre, retrasos y decisiones a medias. Mientras en Washington se levantan sanciones y se autorizan operaciones con PDVSA, y mientras gigantes como Shell o Repsol exploran acuerdos, el capital sigue sin comprometerse plenamente.

¿Por qué? Porque la confianza no se decreta: se construye. Y hoy no existe.

La nueva Ley de Hidrocarburos promete apertura, pero también concentra poder discrecional en el Ejecutivo y deja zonas grises en materia fiscal y legal. En otras

palabras: invita al inversionista... pero no le garantiza estabilidad. En el mundo petrolero, eso equivale a decirle que no venga.

A esto se suma el caos institucional. Contratos suspendidos, revisiones en curso, juntas directivas en disputa, activos estratégicos como Citgo en medio de tensiones legales. No hay claridad sobre quién decide, quién firma y, más importante aún, quién responde. Mientras tanto, en los barrios de Caracas y en el interior del país, la discusión no es jurídica ni geopolítica. Es existencial. Es hambre.

El mercado ya emitió su veredicto: el dólar sube, la actividad no arranca, y la inversión real —la que construye taladros, refinerías y empleo— sigue esperando. Porque los inversionistas no temen al riesgo; temen a la incertidumbre sin reglas.

Y ahí está el núcleo del problema: Venezuela no está detenida por falta de oportunidades, sino por exceso de ambigüedad.

En Houston, los ejecutivos petroleros no dudan del potencial de Venezuela. Lo que dudan es sobre el sistema que debe sostenerlo. Nadie invierte miles de millones en un país donde las reglas cambian más rápido que los gobiernos.

La paradoja es brutal: en medio de una crisis energética global, con tensiones en Medio Oriente que elevan la urgencia de nuevas fuentes de crudo, Venezuela —sentada sobre una de las mayores reservas del planeta— sigue sin producir lo que el mundo necesita.

No por incapacidad técnica. No por falta de recursos. Sino por falta de decisiones.

¿Es negligencia? ¿Es cálculo político? ¿O es simplemente la incapacidad estructural para transformar una transición en un nuevo modelo?

Sea cual sea la respuesta, el resultado es el mismo: un país paralizado en el momento en que más debería moverse.

Los políticos insisten en hablar de elecciones, exhibiendo una desconexión casi obscena respecto de la urgencia de la gente de a pie. Los petroleros, por su parte, exigen estabilidad —y hasta democracia— como condición previa, olvidando convenientemente que, hasta el cierre del estrecho de Ormuz, su abastecimiento dependía de países donde la democracia brillaba por su ausencia. Este no es momento para discursos ni para dobles estándares: es momento de tomar decisiones y poner a producir a un gigante petrolero que ya no puede darse el lujo de seguir dormido.

Porque al final, más allá de leyes, reuniones y discursos, hay una verdad que no admiten retórica: el petróleo y el mundo no esperan…pero el hambre tampoco.